Mariano Ordaz, de 67 años, es uno de los Afectados por los curas. Así se llama el grupo de WhatsApp al que pertenece junto a 40 víctimas de su casero: la Iglesia. Más concretamente, la Orden Tercera de San Francisco (popularmente conocida como VOT), una orden religiosa que alquila más de un centenar de pisos en el centro de Madrid a precios competitivos a cambio de reformas, según denuncia el sindicato de inquilinos. Este jueves, la presión vecinal no consiguió frenar su quinto intento de desahucio. Mariano se ha quedado sin casa. Ha salido bajo la lluvia, con una mochila a la espalda y una bolsa en la mano, y se ha subido en un vehículo del Samur social que se lo ha llevado para darle alguna solución provisional. La situación que se vivió en la calle del Carnero ha sido, según ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, “inaudita”. Desde las seis de la mañana permaneció desplegado un amplio dispositivo policial para dejar en la calle a un pensionista que ha vivido toda su vida en el mismo piso. La portavoz del colectivo ha asegurado que la comisión judicial “no quiso hablar ni mediar” y ha insistido en ejecutar el lanzamiento pese a que dos activistas permanecieron colgadas de la fachada para intentar frenarlo. Los bomberos los descolgaron. Después entró la policía, que tumbó la puerta para sacar a Mariano en medio de la lluvia pasadas las 14.30. “Vergüenza me daría desahuciar a un pensionista”, “fuera fondos buitre” o “el próximo desahucio, el ático de Ayuso” son algunos de los gritos que, durante ocho horas, lanzaron casi un centenar de vecinos en la calle del Carnero, en pleno barrio de La Latina, desde las cinco de la mañana, mientras ocho furgones policiales cortaban la vía. Los agentes llegaron con los cascos puestos tras una noche entera de vigilia organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para intentar frenar el quinto intento de desahucio de Ordaz. Los vecinos esperaban la llegada de la comisión judicial para ejecutar el lanzamiento previsto a las once de la mañana. Sin embargo, antes incluso de que esta llegara, según denunciaron los activistas, agentes de la Policía Nacional intentaron acceder al edificio. “Han ignorado a los mediadores. Han intentado entrar en la vivienda sin la comisión judicial y han cometido numerosas irregularidades”, denuncia Carolina Vilariño, portavoz del sindicato. La tensión aumentó cuando varios agentes comenzaron a retirar por la fuerza a las personas concentradas frente al portal. “Las sacaron del cuello sin ningún tipo de cuidado. Ha sido una violencia muy fuerte contra las compañeras que estaban en la puerta”, asegura Vilariño, mientras dos activistas permanecían anclados a la entrada del edificio. Sabían que, si esa puerta se abría, todo se precipitaría. Desde la Delegación del Gobierno aseguran que tanto esta institución como la Policía Nacional “siempre han trabajado para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos propios de un Estado de derecho”. Añaden además que cualquier actuación que se hubiera producido fuera de ese marco “sería objeto de investigación”. La comisión judicial no llegó hasta pasadas las once de la mañana. Para entonces, la calle seguía llena de vecinos, activistas y policías antidisturbios frente al portal del número 1. Dentro esperaba noticias Mariano Ordaz, un pensionista que nació en esa vivienda y nunca ha conocido otro hogar. Sus padres ya vivían allí y sus tíos ocupaban el piso contiguo. Lleva toda la vida en La Latina. “Trabajé primero como camarero y después como portero y personal de limpieza en el Hospital Gregorio Marañón”, explica. Vive solo y sus hijos residen fuera de Madrid. “Yo no podía pagar el contrato completo después de vivir toda mi vida aquí”, afirma Mariano. Durante años abonó la renta sin problemas, pero dejó de hacerlo durante la pandemia, en 2020. Según relata, posteriormente quiso volver a pagar, aunque con un contrato ajustado a sus ingresos. “Me negué a pagar si el contrato no era acorde con lo que yo ganaba”, sostiene. La renta mensual del inmueble rondaba ya los 600 euros mensuales mientras él cobraba prestaciones. Actualmente, percibe una pensión inferior a 1.000 euros. “Quiero pagar y firmar un contrato”, insiste. “Ellos se han negado”. El Sindicato de Inquilinas sostiene que Mariano podría asumir un alquiler adaptado a su situación económica, pero acusa a la propiedad de negarse a negociar. “Es un claro ejemplo de rentismo religioso. Solo quieren más dinero”, denuncia Vilariño. Defiende, además, la “desobediencia” frente a un sistema que, aseguran, “protege el rentismo antes que la vida”. La organización ha reivindicado la resistencia de las activistas que se colgaron del edificio y ha celebrado haber aguantado nueve horas frente al operativo policial. “Hoy se han puesto de acuerdo jueces, administraciones y Gobierno para proteger a la VOT y garantizar más rentabilidad con la vivienda de Mariano”, han denunciado. “Han puesto la especulación por delante de la vida de una persona”, han afirmado La propietaria del inmueble es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís (VOT), una congregación religiosa vinculada históricamente a los franciscanos y conocida en Madrid por gestionar el Hospital VOT San Francisco de Asís, situado junto a la basílica de San Francisco el Grande. Además del hospital, vecinos y miembros del sindicato aseguran que la orden posee más de cien edificios y locales en el centro de Madrid, especialmente en zonas próximas al Rastro, incluidos comercios de antigüedades en Ribera de Curtidores, según datos del Registro Mercantil recopilados por el Sindicato de Inquilinas. “Mi casero es gente con un montón de pisos en el Rastro”, resume Mariano. “Obligan al inquilino a hacer las obras a su manera. A los cinco años te dicen que tienes que pagar más. Esta gente no paga ni impuestos. Me quieren echar para poner el alquiler al doble”. Según el sindicato, han identificado al menos siete bloques en La Latina y zonas cercanas con problemas similares: viviendas deterioradas, alquileres inicialmente más bajos a cambio de asumir reformas y posteriores subidas de renta. “Te dejaban el precio un poco por debajo del mercado porque los pisos estaban muy viejos”, explican algunos vecinos. “Pero luego llegan las subidas”. Otros denuncian problemas constantes de mantenimiento: goteras, tuberías oxidadas, ventanas rotas o luces que no funcionan en las zonas comunes. La VOT defiende su actuación. En declaraciones a los medios de comunicación, la entidad sostiene que “no ha habido voluntad verdadera de resolver el problema” y considera que la paralización del lanzamiento supone “un abuso de derecho y un fraude de ley”. La congregación asegura además que tanto Mariano como la Administración “han contado con mucho más tiempo del previsto legalmente para conseguir una solución”. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid afirma que los servicios sociales municipales mantienen interlocución con Mariano. Según fuentes municipales, un educador social lo acompaña en la búsqueda de una alternativa habitacional y se han tramitado solicitudes de acceso a otros recursos residenciales. “El Samur Social también acudió en anteriores intentos de lanzamiento que finalmente fueron suspendidos”, explican fuentes municipales. El Sindicato de Inquilinas vincula este caso con el fin de la moratoria antidesahucios tras la votación del pasado 28 de abril en el Congreso. “Llevamos ya tres intentos en estos meses”, denuncian. “La única certeza es que el sindicato va a seguir acompañando a Mariano”. El grupo de Afectados por los curas asegura que también seguirá luchando, pero por lo pronto, Mariano no sabe cómo será su nueva vida.