La negativa del Ministerio de Hacienda a ajustar la tarifa estatal del IRPF a la evolución de la inflación y de los salarios continúa teniendo efectos sobre el bolsillo de los contribuyentes, aunque dispar en función del nivel de renta. En la práctica, la decisión implica que, aunque los ciudadanos hayan visto incrementados sus sueldos en los últimos años para compensar el encarecimiento del coste de la vida, ese aumento nominal no se traduce en una mejora real de su capacidad adquisitiva, sino en una mayor carga fiscal. El resultado es que en 2026 los contribuyentes pagarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ―en la declaración que se produzca el año que viene― entre 250 y 2.160 euros adicionales en función de su nivel de ingresos.Seguir leyendo