Cada vez que un usuario doméstico, industrial o agrícola abre el grifo paga en su recibo del agua una parte para financiar obras de saneamiento. Es lo que se conoce como canon del agua, generalizado en las comunidades autónomas. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), lo derogó en 2022 tras calificarlo de “fraude”. Un año después rectificó y lo reimplantó con un 30% de subida para sumar 23,4 millones de euros a los 156 que recaudaba antes de la efímera supresión. La norma que lo establece especifica que su finalidad es “posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas” y responde a las continuas sentencias y advertencias de la UE y de organismos reguladores por las deficiencias en el tratamiento de las aguas, por las que España acumula multas millonarias. A pesar de la presión de estas sanciones, la Junta de Andalucía ha decidido este año volver a modificar la norma para desviar los fondos a otras obras no relacionadas con el saneamiento. Seguir leyendo