La Generalitat valenciana ha solicitado su “personación en las diligencias previas” del caso que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, en Alicante. Mediante un escrito firmado por el abogado coordinador de la Generalitat, Pedro Pacheco, pide su inclusión en el procedimiento judicial en trámite “con el fin de defender” sus intereses. La instancia, rubricada el pasado 27 de abril, viene acompañada de un documento de la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Susana Camarero, que reclama “no ser un mero testigo en el proceso penal”. Las partes tienen cinco días para alegar a favor o en contra de esta petición. La instrucción llevada a cabo por la titular del Tribunal de Instancia 5 de Alicante tiene como objetivo averiguar si las adjudicaciones de pisos de la urbanización de lujo de Les Naus se enmarcan dentro o fuera de la ley. La promoción contaba con 140 VPP, en principio destinadas a primeras residencias para unidades familiares cuyos ingresos no superaran en conjunto los 54.000 euros anuales. Sin embargo, entre los afortunados que obtuvieron las casas por un precio de unos 200.000 euros, la mitad de lo habitual en la zona, una de las más exclusivas de la ciudad, se encontraban la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, dos hijos de la directora general municipal, María Pérez-Hickman o la exmujer de un alto cargo de la Generalitat, Miguel Ángel Sánchez. Un arquitecto municipal y varios técnicos, tanto del Ayuntamiento de Alicante como de los servicios territoriales de Vivienda, también estaban incluidos en la lista. Con la petición de su personación como acusación particular y en calidad de perjudicada, la Generalitat realiza un movimiento similar al ejecutado por el expresidente Carlos Mazón en el tablero judicial que investiga lo sucedido durante la Dana que asoló Valencia en octubre de 2024. Su inclusión en estos términos les daría acceso a toda la documentación, lo que les permitiría preparar una posible defensa en el caso de que se les pudiera considerar, de alguna manera, responsables de los hechos. Se daría también la circunstancia de que podrían interrogar a testigos e implicados que trabajan a las órdenes del gabinete que preside Camarero, lo cual podría derivar e supuestos conflictos de intereses. Para argumentar su solicitud, el anexo firmado por la consejera de Vivienda detalla una cronología de las acciones emprendidas por su gabinete desde el 30 de enero de este año, cuando el secretario adjunto territorial de Alicante remitió el primer informe sobre la adjudicación de las VPP en Les Naus, urbanización situada en la zona de playas de Alicante, con piscina, gimnasio, pistas deportivas y club social. Este cronograma concluye con la vuelta a su puesto declaró funcionario inicialmente expedientado por haber visado irregularmente alguno de los pisos, entre ellos el que correspondió a su mujer, técnica municipal, que ocultó los ingresos de su marido para tener acceso a la adjudicación. Tras dar parte de los últimos avances judiciales, Camarero insta al juzgado a que la Generalitat, “con la finalidad de no ser un mero testigo del proceso penal, y poder intervenir activamente como parte procesal afectada” sea aceptada “en calidad de acusación y perjudicado”. Las acusaciones, ejercidas por PSOE, Ciudadanos y el Ministerio Fiscal, tienen cinco días para responder a la consulta cursada por la jueza. Mañana, viernes, seguirá la ronda de comparecencias de testigos. A los altos cargos del servicio territorial de Vivienda en Alicante que ya declararon ante la instructora se unirán los técnicos a su cargo y otros tres que están en nómina del consistorio alicantino, en las concejalías de Urbanismo y Patrimonio. La instrucción quedó abierta inicialmente por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de información privilegiada.