¿Se puede luchar judicialmente contra la violencia sexual sin conocer el alcance efectivo de esa lucha? La última Memoria de la Fiscalía General del Estado lo dice en su introducción: “El dato de las sentencias dictadas en la anualidad es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa de forma directa y preceptiva esta institución”. Sin embargo, una investigación académica sostiene que dicha institución se deja por el camino al menos tres de cada cuatro sentencias en su recuento anual: en 2023, su cifra oficial suma 145 sentencias, pero un rastreo en la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) realizado por tres académicos señala que ese mismo año se dictaron más de 575. “Solo podemos concluir entonces que [la Fiscalía] no sabe qué trabajo realiza, porque los datos que ofrece esta institución tienen importantes problemas de fiabilidad”, escriben los tres autores de la investigación que analiza la calidad de las estadísticas oficiales sobre la violencia sexual en España. Seguir leyendo