El ecosistema del llamado caso Koldo podría tener gracia si no escondiera un drama. La realidad de que en la gestión pública, después de 50 años, decenas de condenados y una moción de censura contra la corrupción, sigue habiendo hueco para los corruptos de baja estofa. La tercera sesión del juicio por el amaño de contratos de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes lo ha vuelto a poner de manifiesto. Por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo han desfilado este jueves, entre otros, una empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama; la hija de esta, que era la administradora de una empresa de la que admite que no sabía casi nada pero que compró una casa para que la disfrutara el exministro de Transportes; y una mujer a la que su jefe le pidió en dos ocasiones que entregara 10.000 dólares en efectivo a un hombre al que no conocía (el hermano de Koldo García) y obedeció sin preguntar ni preguntarse si aquello era normal. Seguir leyendo